¿Quién está investigando los posibles conflictos de interés en la adjudicación del Muelle Sur?
Han pasado 20 días desde que Xela News publicó los documentos que presentó como prueba de la relación profesional entre el abogado Günther Federik Filitz Folgar y miembros de la familia Saravia, después de que la periodista Ericka Escobar fuera públicamente retada a demostrar esos vínculos.
Y, hasta ahora, una pregunta continúa sin respuesta pública:
¿Qué hizo la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal después de conocer esos documentos?
El 3 de septiembre de 2026, Xela News publicó un reportaje titulado “Las pruebas que el Vicealmirante exigía: el hilo que une a Günter Filitz con los dueños de MARISA…”. El medio afirmó que documentos judiciales del expediente 02057-2019-00965 muestran que Yuli Saravia Solórzano designó a Günther Filitz Folgar como uno de sus abogados y mandatarios legales durante su proceso de divorcio.
La importancia de este documento radica en que MARISA, empresa vinculada públicamente a la familia Saravia, es la compañía que participa en el proyecto del Muelle Sur de Puerto Quetzal.
Pero existe otro elemento que vuelve el caso especialmente sensible.
Filitz no es un observador externo de la Portuaria. Documentos oficiales de EPQ lo identifican como director propietario en representación del Ministerio de Finanzas Públicas ante la Junta Directiva. Incluso las nóminas oficiales de dietas de febrero y marzo de 2026 muestran su participación en las sesiones de la Junta Directiva.
EL PUNTO CENTRAL: FILITZ ESTABA DENTRO DE LA JUNTA
La discusión pública no debería reducirse únicamente a determinar si Günther Filitz fue o no abogado de una persona vinculada a la familia Saravia.
La pregunta institucional es mucho más sencilla:
¿Existía una relación previa que debió ser conocida y evaluada por la Junta Directiva antes de que se tomaran decisiones relacionadas con MARISA?
Y, si existía:
¿Se declaró algún conflicto de interés? ¿Se solicitó su abstención? ¿Existe constancia de que se excusara de participar o votar?
La documentación publicada por Xela News afirma que Filitz tenía una relación profesional con Yuli Saravia desde 2019.
Por otra parte, una investigación publicada por República el 31 de agosto señala que la Junta Directiva de EPQ aprobó por unanimidad, el 15 de mayo de 2025, el proyecto presentado por MARISA mediante el acta JD-06-38-2025, instruyendo la elaboración del contrato de arrendamiento. Posteriormente, en febrero de 2026, la Junta autorizó la suscripción de los proyectos y los contratos fueron firmados el 26 de mayo de 2026.
Esto coloca el debate en un terreno concreto:
¿Quiénes participaron en esas decisiones y qué ocurrió con cualquier posible conflicto de interés?
VEINTE DÍAS DESPUÉS, EL SILENCIO TAMBIÉN ES UNA PREGUNTA
El reportaje de Xela News fue publicado el 3 de septiembre.
Al 23 de septiembre, han transcurrido 20 días.
En la revisión de información pública disponible no aparece un pronunciamiento de la Empresa Portuaria Quetzal anunciando una sanción contra Filitz por estos señalamientos, ni encontramos una comunicación pública de la Junta Directiva explicando qué procedimiento siguió después de que se hicieran públicos los documentos.
Eso no significa que necesariamente no exista alguna actuación interna no publicada.
Pero sí significa que la ciudadanía merece conocer si existe una investigación, quién la realiza, qué hechos se están verificando y si hubo o no participación de Filitz en las decisiones relacionadas con MARISA.
Porque no se trata de una discusión privada.
Se trata del principal puerto del país y de un proyecto que contempla un arrendamiento del área del Muelle Sur por 25 años, además de un contrato de prestación de servicios por 15 años, según la información revisada por República.
POSIBLES RESPONSABILIDADES PENALES SI SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD DE FILITZ
Con la información disponible, no puede afirmarse que Günther Filitz haya cometido un delito. La existencia de una relación profesional o su participación en una Junta Directiva no demuestra, por sí sola, una conducta penalmente ilícita. Sin embargo, si una investigación oficial acreditara que utilizó su cargo, influencia o información privilegiada para favorecer a MARISA o a personas vinculadas con la familia Saravia, podrían analizarse posibles responsabilidades por delitos como los siguientes:
• Abuso de autoridad: si, aprovechando su cargo como director de la Junta Directiva, hubiera ordenado, autorizado o permitido actuaciones contrarias a la ley, o hubiera utilizado sus funciones para beneficiar indebidamente a un tercero.
• Tráfico de influencias: si hubiera utilizado su posición, relaciones o influencia dentro de la Empresa Portuaria Quetzal o ante otras autoridades para obtener una resolución, contrato o beneficio favorable para MARISA o para personas relacionadas con ella.
• Concusión: si hubiera exigido, solicitado o recibido, directa o indirectamente, dinero, dádivas, comisiones o cualquier beneficio indebido aprovechando las funciones de su cargo.
La eventual configuración de estos delitos dependería de pruebas concretas sobre su participación, intención, beneficio obtenido, existencia de una ventaja indebida y relación causal entre sus actuaciones y las decisiones adoptadas. También podrían examinarse otras responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con conflicto de interés, incumplimiento de deberes, fraude o contratación irregular, según los hechos que logren establecer las autoridades competentes.
Por ello, resulta indispensable preservar las actas de las sesiones, registros de asistencia, votos, declaraciones de impedimento, comunicaciones internas, expedientes de contratación y cualquier documento que permita determinar si Filitz intervino en las decisiones relacionadas con MARISA y bajo qué circunstancias.
LA PREGUNTA YA NO ES PARA XELA NEWS
Xela News aceptó el reto y publicó los documentos que, según el medio, acreditan el vínculo profesional entre Filitz y Yuli Saravia.
Ahora la pelota está del lado de las instituciones.
La Junta Directiva de Puerto Quetzal tiene la oportunidad de aclarar públicamente:
1. Si Günther Filitz participó en las sesiones en las que se conoció y aprobó el proyecto de MARISA.
2. Si votó a favor del proyecto.
3. Si declaró algún impedimento o conflicto de interés.
4. Si la Junta conocía su relación profesional con integrantes de la familia Saravia.
5. Si existe alguna investigación administrativa sobre estos hechos.
6. Si el Ministerio de Finanzas fue informado de los señalamientos.
7. Si alguna autoridad ha solicitado revisar las actuaciones de Filitz dentro de la Junta Directiva.
8. Si se ha presentado alguna denuncia o se ha dado aviso al Ministerio Público para investigar la posible comisión de delitos.
9. Si existen indicios de abuso de autoridad, tráfico de influencias o concusión, y qué autoridad está encargada de determinarlo.
Mientras estas preguntas permanezcan sin una respuesta pública, el debate continuará creciendo.
Porque una cosa es defender que un procedimiento administrativo fue legal.
Y otra, completamente distinta, es demostrar que quienes participaron en él no tenían un conflicto de interés y que todas las decisiones fueron tomadas con absoluta imparcialidad.
PUERTO QUETZAL NECESITA TRANSPARENCIA, NO SILENCIO
El proyecto del Muelle Sur puede ser estratégico para Guatemala.
Si todo se hizo correctamente, la Junta Directiva tiene la oportunidad de demostrarlo con documentos, actas, votos, declaraciones de impedimento y explicaciones claras.
Si hubo un conflicto de interés, corresponde determinarlo por las vías institucionales correspondientes.
Y si se acredita que un funcionario utilizó su cargo para favorecer indebidamente a un tercero, exigió o recibió beneficios, o empleó su influencia para alterar decisiones públicas, las autoridades deberán establecer si existen responsabilidades por abuso de autoridad, tráfico de influencias, concusión u otros delitos previstos en la legislación aplicable.
Lo que no debería ocurrir es que, después de que un medio de comunicación presente documentos públicos y formule cuestionamientos concretos sobre la imparcialidad de uno de los directores, la respuesta institucional sea simplemente el silencio.
Veinte días después de la publicación de las pruebas, Guatemala sigue esperando respuestas.
Y la pregunta que queda sobre la mesa es sencilla:
¿QUIÉN ESTÁ INVESTIGANDO LO QUE PASÓ EN PUERTO QUETZAL?
