La administración municipal de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, encabezada por el alcalde Federico Betancourt, enfrenta uno de los señalamientos más graves de su gestión: un fraccionamiento ilegal de compras por Q1,539,742.00 para adquirir 670 computadoras, operación que constituye una violación directa a la Ley de Contrataciones del Estado y un uso arbitrario del poder público.
No hay espacio para interpretaciones benévolas: se trató de un esquema deliberado para evadir la licitación pública, ocultar el monto real del gasto y concentrar la decisión en la firma del alcalde, anulando los controles que exige laley. La municipalidad dividió la compra en 21 eventos de compra directa, cada uno cuidadosamente calculado para no sobrepasar el límite de Q90,000.00, umbral que obliga a realizar un proceso competitivo. De esos 21 eventos:
19 fueron adjudicados a Compugangas, S.A.
2 fueron adjudicados a Grupo Inteligere International, S.A.
La evidencia documental —actas de adjudicación, bases simplificadas, facturas y registros de Guatecompras— de muestra que no existían 21 necesidades distintas, sino una sola compra masiva, fragmentada artificialmente para evitar la fiscalización del Concejo Municipal y de las Juntas de Cotización. El monto total, Q1.5 millones, obligaba legalmente a una Licitación Pública, el mecanismo más transparente y competitivo del sistema.
¡Betancourt lo evadió por completo!
La conducta del alcalde encuadra en la prohibición expresa de fraccionamiento establecida en el Artículo 81 de la Ley de Contrataciones. Además, constituye una extralimitación de funciones, según el Artículo 53 del Código Municipal, al disponer unilateralmente de fondos que requerían aprobación colegiada. Betancourt rompió la cadena de control administrativo, actuó sin competencia legal y vulneró la estructura de pesos y contrapesos que protege el erario municipal.
No se trata de un error técnico. No se trata de desconocimiento. Se trata de una decisión consciente para manipular el sistema de compras públicas. Una operación que compromete a toda la estructura municipal
El informe también señala responsabilidades adicionales:
DAFIM, por permitir el desembolso sin verificar la legalidad del procedimiento.
Encargado de Compras, por gestionar adquisiciones fuera del Plan Anual de Compras.
Concejo Municipal por omitir su deber de vigilancia ante un gasto de esta magnitud.
La sanción económica calculada asciende a Q76,987.10, pero el daño institucional es mucho mayor: se vulneró la transparencia, se anuló la competencia y se manejó discrecionalmente un monto millonario destinado a educación. La compra de computadoras —ilegal en su procedimiento— fue presentada como un logro, ocultando el mecanismo fraudulento que la hizo posible. Por lo que exhortamos a las autoridades competentes a:
1. Confirmar la ilegalidad del procedimiento.
2. Trasladar el caso a la Contraloría General de Cuentas para que inicie reparos y denuncias penales por abuso de autoridad y fraude de ley.
3. Publicar los hallazgos para informar a la ciudadanía y desmontar la narrativa política construida sobre una operación irregular.
El caso expone un patrón preocupante: el uso de recursos públicos para fines depromoción personal, disfrazado de inversión educativa. La legalidad fue sacrificada para fabricar una imagen política.
El alcalde Federico Betancourt deberá responder por qué decidió evadir la licitación, por qué concentró la decisión en su firma, y por qué fragmentó una compra millonaria que debió ser pública, abierta y competitiva.
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